La Cultura, en su sentido polivalente de esparcimiento inteligente, de juego, descanso y aun disfrute -también la diversión sana es Cultura-, constituye un complemento formativo de primer orden. Para algunos, los diletantes, es como un rito. Para otros es una fuente de crítica social o un factor coadyuvante de la convivencia ciudadana y hoy está muy extendida la idea de que la Cultura es memoria y desarrollo de la identidad de los pueblos.

La Administración se ha sentido obligada siempre a canalizarla adecuadamente, si no a ordenarla. Recordemos el dirigismo cultural de los ilustrados (“la Cultura para el pueblo pero sin el pueblo”), que hacía de ella en el siglo XVIII algo selecto y minoritario. En nuestra Posguerra, se extendió una Cultura intervencionista de carácter populista -recordemos los llamados Festivales de España-, que coexistía desde los años 60 con un experimentalismo vanguardista minoritario, aunque eficazmente crítico. Así surgió una Cultura de respuesta ácida ante el régimen político de aquellos años grises. Sin embargo, muchos practicamos una sana crítica social en los cine-clubs de aquella época, un inconformismo que hoy se echa en falta entre los jóvenes.

En periodo democrático trajo un gran desarrollo cultural, con la legitimidad derivada de las lecciones libres, y el espontáneo desarrollo de las peculiaridades regionales o nacionales, al principio incómodas en el marco de un Estado aún centralista. El desarrollo autonómico posterior, el protagonismo de los entes locales, la conciencia de Estado, vieron en la Cultura una potencial imagen de prestigio, pero otras veces se tomó como vehículo exhibicionista, gratuito, cayéndose en el despilfarro, el fasto, el evento efímero, lo que mostraba -por contraposición- deficiencias graves, por ejemplo carencias de equipamientos culturales. Pero España se integraba en Europa, al principio con cierta inexperiencia, mezclándose la conciencia de las nacionalidades con un sentimiento internacionalista.

¿Está justificada la participación de los poderes públicos en materia de Cultura?

Has dos factores que la explican: el déficit crónico de parte de este sector de la actividad humana, debido al desfase entre el coste y las actividades culturales y el precio de venta del producto consiguiente, junto a la necesidad de importantes inversiones en infraestructuras y a necesidad de garantizar el acceso a la Cultura, para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Pero ¿cómo puede llevarse a cabo esta participación? Son conocidas las dos filosofías de la subsidiariedad y del intervencionismo. Si la primera es frecuente en el mundo anglosajón, la segunda se practicará en gran parte de la Europa Occidental, incluida España. Pero aún hay otra filosofía intermedia, la de los Países Bajos y Nórdicos, que atiende a múltiples factores territoriales, políticos y religiosos para satisfacer las necesidades culturales.

La Administración Pública Española

En España, la Cultura ha servido como elemento de prestigio y de desarrollo comunitario, con la creación de grandes infraestructuras, la puesta en marcha de programas de gran calidad y hasta con apuestas escondidas de capitalidad que derivaron en gastos suntuosos.

En base a supuestas necesidades culturales, se emplearon los medios de comunicación como instrumentos de preservación y fomento de la propia identidad (así sucedió en las llamadas comunidades históricas con los canales de TV).

La Cultura ha sido considerada también como factor de desarrollo económico y social. Ahí están la capitalidad cultural de Madrid o la Exposición Universal de Sevilla de hace dos años, que sirvieron para estimular un “consumo” cultural.

Por último, la Cultura ha posibilitado la consolidación de estructuras productivas e industriales existentes (aunque quede camino por recorrer indudablemente), conducentes a favorecer ciertas formas de consumo, mercado y, ¡ojalá!, hasta empleo. Son diversas las políticas a favor del sector audiovisual, del libro, de las artes escénicas o de los grupos de creadores plásticos. Se atisban posibles industrias culturales, de las que, se nos dice, España tiene una interesante potencialidad.

Estas estrategias de intervención conviven en muchas Administraciones públicas con, a menudo, planteamientos poco claros y objetivos difusos. Y con una estructura frágil en cuanto al gasto público, mucho más acentuado en los municipios que en las Comunidades Autónomas o el Estado. La dotación presupuestaria sigue siendo baja para las enormes necesidades “espirituales” existentes, en un marco hacendístico deficitario.

Existe una descoordinación bastante generalizada entre las Administraciones, cuando no duplicidades y excesivos protagonismos. Hay riesgo de obsesionarse con la idea de la Cultura como Imagen Pública, olvidándose los objetivos educativos que deben presidirla.

La política cultural a nivel regional

Como en tantas cosas, Europa nos lleva la delantera. Y en Cultura también. Ella es de especial importancia ahora que se valora la convergencia de las regiones hacia un Estado Europeo. Para reivindicar un espíritu propio se recuerda la Cultura.

Las conclusiones de un estudio del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Europa (el Proyecto 10 dirigido por Michel Bassand) indican que:

• La creatividad cultural de los ciudadanos europeos constituye la base de la democracia cultura.
• Los fondos dedicados a las políticas culturales no son meros “gastos” sino inversiones a favor de las capacidades de innovación de los hombres.
• Las políticas culturales son un incentivo notable para promover la cooperación interregional, máxime en un momento en que Europa vive cambios profundos.

Está claro, en este informe, que invertir en Cultura no es sólo apostar por la creatividad de los individuos y mostrar a los demás la interioridad del propio país, es también poner en circulación nuevas ideas, construir en suma la identidad europea. Y ello sin renunciar a los particularismos de cada uno, que son enriquecedores.

¿Hacia donde debe ir nuestra Cultura?

Sin renunciar al mantenimiento de los servicios básicos, dentro del rico patrimonio histórico, del que nos enorgullecemos en Navarra, nuestra Comunidad trata de orientar su esfuerzo hacia la descentralización del poder cultural, mediante la firma de convenios con entidades socioculturales a cambio de contraprestaciones de interés común o por medio de transferencias económicas a terceros, que implican mucha mayor cuantía que los gastos propios de la Administración. Aunque siempre acecha el peligro de la cultura de la subvención y ya se ve como necesaria la fórmula de la coproducción, más interesante desde el plano de la corresponsabilidad de las entidades que la asuman, para hacer realidad proyectos culturales. Del mismo modo, hay que afrontar pronto nuevas fórmulas de gestión totalmente necesarias para agilizar el intercambio cultural, como son los patronatos, los consorcios o las mancomunidades. Y tender a modelos mixtos de financiación.

Y si la Administración no debe ser árbitro sino mediadora entre las libres iniciativas sociales, debe promover también un desarrollo equilibrado y coexistente de las Culturas de nuestra Comunidad Foral, con idea de reafirmar nuestra identidad pluriforme.

Se deben establecer planificaciones territoriales que compensen las desigualdades. SE tiene que buscar un justo medio entre las manifestaciones locales de la Cultura y las foráneas, para enriquecer la identidad propia con otras aportaciones.

La crisis económica que nos envuelve nos ha hecho, finalmente sentar la cabeza. La renuncia a espectáculos fastuosos nos va llevando a aproximar Cultura y Educación, para buscar rendimientos más profundos, y, así, vemos como necesario invertir recursos en la formación de agentes culturales para profesionalizar la Cultura, y que dominen criterios técnicos frente a las ocurrencias más o menos geniales. El coordinador cultural de hoy es un verdadero agente del desarrollo social, no u mero programador o conservador. Debe ser un activo promotor de una sociedad más armoniosa.

Pero para hacer realidad estos buenos propósitos, la participación de la Administración debe estar guiada por un fuerte compromiso ético, que lleve a respetar las iniciativas ajenas sin ánimo excluyente, sino de colaboración y servicio al desarrollo de la persona. Tarea tanto más urgente cuanto que la Administración es en la práctica un modelo de conducta en el que toda la sociedad se mira. De ahí la necesaria ética de la que hablo: la Administración debe desarrollar su labor con rigor, eficacia y entusiasmo, ya que su comportamiento arrastra al de otros agentes culturales.

Imagen de la portada: Patio del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra en 1994